Liberalismo y Relaciones Internacionales

Archivos mensuales de junio, 2013

El sistema chileno de pensiones se basa en que los trabajadores aporten mensualmente el 10% de su salario a una cuenta de ahorro individual cuya gestión corre a cargo de la entidad administradora que elige cada cotizante.

Decenas de países han aplicado su propia versión del sistema chileno. Si España lo hiciese, los cálculos de Juan Ramón Rallo en el libro “Una alternativa liberal para España” muestran que cotizar la aportación media a la Seguridad Social (6.000 euros anuales) con el retorno medio conseguido en Chile (9% después de la inflación) permitiría jubilarse después de 35 años de trabajo con una pensión media de 2.500 euros mensuales, derivada de un patrimonio de 1,1 millones de euros.

Bajo el sistema chileno, cada trabajador puede alterar el perfil de inversión para adaptarlo a sus preferencias, así como hacer aportes adicionales al 10% obligatorio. Los fondos compiten en un marco legal marcado por una regulación firme, pero sencilla. Desde la introducción del sistema hasta la actualidad, la rentabilidad media descontando la inflación ha sido del 9%, por encima de cualquier otro país de la OCDE.

El sistema, introducido bajo un régimen militar, permitió que los trabajadores eligiesen libremente si querían mantenerse en el modelo anterior o preferían cambiarse al sistema de ahorro individual. La abrumadora mayoría de los chilenos escogió el segundo camino, lo que explica que el modelo haya sido mantenido y profundizado a lo largo de más de dos décadas de democracia.

Con el sistema de reparto vigente antes de 1980, el 70% de las pensiones estaban en los tramos de beneficios más bajos. Hoy, el retorno medio que reciben los jubilados se acerca al 70% de la remuneración aportada, en línea con la OCDE. No obstante, conforme Chile ha ido consolidando el sistema y profundizando su desarrollo, el retorno ha subido a niveles mucho mayores. De hecho, los datos de los jubilados recabados en 2011 muestran pensiones que alcanzan el 90% del antiguo salario.

Hay, eso sí, margen para mejorar el sistema. Se han detectado veinte programas estatales que desincentivan la cotización. Por otro lado, aunque el 85% de los trabajadores asalariados cotiza al sistema, los aportes serán mayores conforme se siga reduciendo la informalidad laboral.

A continuación aporto algunos datos de interés sobre el modelo chileno:

- Financiar la transición supuso un desembolso del 4% del PIB.
- Pagar las prestaciones complementarias que garantizan las pensiones mínimas supone un gasto anual inferior al 1% del PIB.
- La presión fiscal se redujo en diez puntos del PIB gracias al cambio de sistema.
- La deuda pública es ligeramente superior al 10% del PIB, uno de los niveles más bajos de la OCDE.

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En un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, los economistas Alberto Behar and Junghwan Mok se preguntan si aumentar el empleo público conduce a la destrucción de empleo privado. Para responder a su pregunta, revisan datos de economías desarrolladas y emergentes, cubriendola friolera de 194 países en el periodo 1988-2011.

La conclusión de ambos es clara: Behar y Mok encuentran una “evidencia clara” de que “aumentar el empleo público implica destruir empleo privado”. Los investigadores identifican que, estadísticamente, la ratio total de su estudio es casi de 1/1: esto significa que, de media, aumentar en un puesto de trabajo la plantilla de empleados públicos va de la mano con la pérdida de otro cargo en el sector privado.

No es este el único informe que llega a esta conclusión, ni mucho menos. Algan y Zylberberg, por ejemplo, publicaron en 2002 un estudio similar, centrado en el periodo 1960-2000 y dedicado exclusivamente a las 17 grandes economías de la OCDE. Sus estimaciones hablaban de entre 133 y 150 empleos privados destruidos por cada 100 nuevos cargos creados en la Administración.

Estamos ante la versión laboral del llamado efecto expulsión” o “crowding out”, observado en la financiación de sector público y privado. En dicho caso, se aprecia que cuantos más recursos necesita el Estado para funcionar, menos recursos quedan a disposición del sector privado.

Sobre este asunto, es especialmente interesante consultar el estudio en el que Valerie A. Ramey, investigadora de la Universidad de California en San Diego, determina que prácticamente todo el empleo creado en EEUU con el “plan de estímulo” de Obama se concentró en el sector público. Esta conclusión coincide en líneas generales con las investigaciones de Timothy Conley y Bill Dupor sobre este tema.

De acuerdo con los datos de Eurostat, el sector público español ha crecido un 45% desde el año 2000. Durante el mismo periodo, el aumento media en la UE fue del 20%. Queda claro que en Europa y en España, el gasto público crece de forma sostenida, especialmente en nuestro país.

Eso sí: la ausencia de “austeridad pública” no evita que los políticos apuesten por la “austeridad privada”, es decir, por financiar el mayor gasto con más impuestos. Así, España es el país europeo en el que más ha crecido la presión fiscal desde 1965. A nivel global, solamente Turquía ha vivido un aumento similar.

presionfiscal

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A lo largo de las últimas semanas, instituciones como la Comisión Europea, organismos como el Fondo Monetario Internacional y economistas como Paul Krugman han pedido a los países de la Unión Europea que abandonen la senda de la “austeridad” y apuesten por las “políticas de crecimiento”.

El problema de referirse a la “austeridad” de modo genérico es que hay diversas formas de “austeridad”. Podemos hablar de “austeridad pública” cuando buena parte del ajuste fiscal se canaliza por la vía de la reducción del gasto estatal. Por otro lado, estamos ante un ejemplo de “austeridad privada” cuando se pretende conseguir el equilibrio presupuestario a base de subir los impuestos.

A menudo, las críticas a la “austeridad” hablan en realidad de lo que hemos llamado “austeridad pública”. No obstante, los datos contradicen este relato habitual. En la siguiente gráfica, elaborada con datos de Eurostat, podemos ver que los gobiernos de España, Francia e Italia gastan hoy más que en 2008. En Grecia e Irlanda sí hay cierto ajuste en el gasto total.

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En Reino Unido encontramos una situación muy parecida (de nuevo, la fuente es Eurostat):

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Por último si expresamos los datos en precios actuales, el gráfico elaborado con los datos de Eurostat desmiente que se hayan producido grandes ajustes en el gasto público:

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Pueden saber más sobre esta cuestión leyendo mi informe “Austeridad y Euroesclerosis“. Dicho documento también analiza el éxito de la “austeridad pública” aplicada en Alemania, Canadá, Estonia y Suecia.

EL CASO DE ESPAÑA

Centrándonos en nuestro país, conviene hacer las siguientes observaciones:

- Las Comunidades Autónomas gastaron en 2012 más que en 2006. Los presupuestos regionales para el ejercicio pasado alcanzaron los 174.500 millones de euros, 28.000 millones más que en 2006.
- Las plantillas de empleados autonómicos son hoy mayores que entonces en más de 300.000 personas.
- Tanto el gasto público en educación como los presupuestos dedicados a la sanidad han crecido más de un 16% respecto a 2006.
- Las CCAAs han gastado 112.000 millones más de lo que ingresaron durante el periodo 2003-2012. El presupuesto autonómico por habitante es hoy un 8% mayor que entonces, y el 80% del déficit autonómico se debe a este aumento del gasto público.
- Sumando todas las Administraciones, el Estado gastó 4.600 millones de euros más en 2012 que en 2011.
- En 2012, el déficit público ha superado los 100.000 millones por cuarto año consecutivo.

Los datos anteriores desmienten la supuesta “austeridad pública” española. Hablemos ahora de la “austeridad privada”:

- El 75% de los Ayuntamientos españoles subió el IBI en 2012. Prácticamente todos los consistorios han aumentado este gravamen desde el pinchazo de la burbuja y el comienzo de la crisis.
- Las Comunidades Autónomas crearon o subieron más de 50 impuestos y tasas solamente en 2011.
- El gobierno de Zapatero aumentó el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales.
- En sus primeros 15 meses, el Ejecutivo de Rajoy ha aplicado 30 subidas de impuestos.

El Presidente de Extremadura rebajará el IRPF en 10 millones de euros, aplicando menores tramos autonómicos al 90% de los contribuyentes de la región. El gesto es interesante, ya que plantea un cambio de rumbo en materia de política tributaria. Desde el estallido de la crisis, las CCAAs han aumentado o creado más de 50 tributos, por lo que cualquier rebaja de la presión fiscal es bienvenida.

Sin embargo, Monago podría ir mucho más allá en su rebaja, ya que la medida ahorrará, de media, 23 euros por contribuyente. Para que el impacto no sea simbólico sino significativo, he elaborado una propuesta alternativa que multiplica por veinte el alcance de la rebaja de impuestos. De este modo, cada pagador de impuestos tendría 460 euros más en su bolsillo.

¿Qué partidas de gasto podríamos eliminar para conseguir el objetivo deseado?

- La relajación del objetivo autonómico de déficit ofrece un margen extra de 80 millones de euros.
- El “Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad” que prepara el gobierno extremeño supondrá una inversión de 465 millones de euros por parte de la Administración regional. Destinando el 30% de esta iniciativa a rebajar el IRPF, el Ejecutivo autonómico afloraría 160 millones de euros.
- Por otro lado, recortando los presupuestos de la Junta se podría hacer más profunda la rebaja impositiva. En 2013, el gobierno regional tiene previsto gastar un 0,84% más que en 2012. Si eliminamos ese aumento del gasto y recortamos un 0,16% adicional, conseguimos un ajuste presupuestario del 1% que movilizaría 45 millones de euros más.

Sumando estas tres fuentes de ahorro, conseguimos 200 millones de euros de margen. De este modo, la rebaja del IRPF sería veinte veces superior que en el plan propuesto por Monago, y cada contribuyente se ahorraría 460 euros en impuestos en vez de 23.

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Al poco de llegar al gobierno sueco, el gabinete de Fredrik Reinfeldt abolió el Impuesto de Patrimonio y reordenó el Impuesto sobre la Renta para bajar la presión fiscal a diferentes grupos de contribuyentes. El gabinete también revisó a la baja el Impuesto de Sociedades hasta llevar su tipo general al 22%, bajando también el IVA del sector servicios del 25% al 12%. El Ejecutivo también eliminó tasas y gravámenes varios.

Anders Borg, el joven Ministro de Finanzas del Reino nórdico, no titubeó ante las quejas de la oposición: “los ganadores serán, a largo plazo, todos los suecos, pues así crearemos las condiciones para que nuestras empresas puedan competir a nivel global”. Algo similar declaró el Ministro de Educación Jan Björklund, que afirmó que “subiendo los impuestos al trabajo, conseguimos que menos gente trabaje… pero bajando los impuestos al trabajo, conseguimos que más gente trabaje”.

Las rebajas de impuestos tuvieron excelentes resultados: la socialdemocracia alertaba de que Suecia enfrentaría un “desempleo de dos dígitos” durante el gobierno de la Alianza, pero los hechos fueron muy distintos y la desocupación cayó hasta el 7,4% en verano de 2010. Think tanks y centros de estudio han determinado que las rebajas fiscales permitieron la creación de alrededor de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

Pero no solamente se han bajado impuestos. Bajo gobierno de Reinfeldt, Suecia ha aprobado diferentes reformas de corte liberal. Entre ellas, el Ejecutivo ha ajustado el gasto en “ayuda al desarrollo”, cerrado agencias y entes públicos, eliminado el servicio militar obligatorio, liberalizado el alcohol, las farmacias y el transporte ferroviario, reducido los privilegios sindicales, legalizado el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, etc. Solamente entre 2006 y 2010, la racionalización de los subsidios por desempleo y similares redujo en 150.000 personas el número de suecos que cobran estas transferencias.

En cuanto al gasto público, el peso del Estado en Suecia es casi idéntico al de España (49% vs. 47% del PIB). La tendencia en Suecia es a la baja, ya que cuando Reinfeldt llegó al poder, el Estado consumía el 54% del PIB. No obstante, el 47% de nuestro país supone un aumento significativo frente a los datos de 2004, cuando este indicador cayó al 38%.

El manejo del cuadro fiscal ha sido notable, ya que Suecia no ha incurrido en grandes déficits públicos y ha procurado mantener la estabilidad presupuestaria de forma rigurosa. La deuda del Estado sueco se acerca al 35% del PIB, frente al 50% de 2005, año previo a la primera legislatura de Reinfeldt.

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impuesto obesidad dinamarca A finales de 2011, Dinamarca aprobó un impuesto antiobesidad que aumentó la presión fiscal aprobada sobre determinadas comidas y bebidas. El país escandinavo aplicó esta tasa de 2,14 euros a todo aquel producto con más de un 2,3% de grasas saturadas.

La medida tuvo una gran acogida a nivel internacional, y en España no faltaron los expertos que pidieron al gobierno que imitase el ejemplo danés. Curiosamente, muchas de aquellas voces han enmudecido con el paso del tiempo. ¿Qué pasó con aquel impuesto antiobesidad que tantos elogios había recibido?

Veamos:

-  La subida de los precios contribuyó a aupar la inflación hasta el 4,7% alcanzado en 2012.
- Miles de daneses empezaron a viajar a Alemania y Suecia para hacer sus compras.
- Menos del 7% de la población cambió sus hábitos alimenticios.
- Uno de cada diez euros recaudados se perdió en los enormes costes administrativos que supuso poner en marcha este gravamen.
- Las empresas de alimentación del país se vieron obligadas a eliminar más de 1.300 puestos de trabajo.

Ante semejante panorama, el gobierno danés se vio obligado a eliminar este tributo quince meses después de su introducción. Así, aquel impuesto antiobesidad que algunos pusieron como ejemplo fue, en realidad, un rotundo fracaso en todos los aspectos. De tanto intervenir la vida de las personas, los políticos daneses acabaron atragantándose.



Diego Sánchez de la Cruz es periodista especializado en Economía y Relaciones Internacionales y miembro del Instituto Juan de Mariana. Completó su licenciatura en la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) y la Universidad de San Diego (EEUU), y es Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa (IE). También ha completado estudios de Postgrado en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y la George Washington University. Las opiniones reflejadas en este blog son personales.




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