Liberalismo y Relaciones Internacionales

Diario de archivos febrero 5th, 2013

Mi anterior publicación sobre “economía sumergida” detalló algunos de los pasos que podría dar España para conseguir reducir el volumen de la actividad informal. La visión habitual sobre este punto reivindica un mayor poder de fiscalización para los técnicos de Hacienda, pero esta interpretación no detecta correctamente la raíz del problema. Es cierto que las sanciones pueden disminuir el peso de la economía oculta, pero esto no se traducirá en la incorporación de dichas actividades al paradigma “oficial”. Necesitamos otro enfoque.

En realidad, el tamaño del “mercado negro” nos envía importantes señales e indicaciones que deberíamos considerar. La excesiva presión fiscal, la sobrerregulación normativa y la falta de flexibilidad en el mercado laboral explican que la economía “no oficial” sea mayor en España que en aquellos países en los que el grado de libertad económica es más alto  A todo lo anterior le unimos una variable adicional: la percepción de ineficiencia estatal.

Dando un vistazo al mundo, encontramos numerosos ejemplos que confirman lo apuntado. Tomando los datos publicados por el FMI hace algunos años, podemos encontrar que el tamaño de la economía informal en Bolivia es casi tres veces superior al de Chile. Igualmente, en Tailandia apreciamos un “mercado negro” cuatro veces más grande que el estimado para Hong Kong o Singapur. En Europa, Grecia, Italia y España funcionan con una economía informal superior al 20% del PIB, duplicando los números de Suiza.

Vemos, por lo tanto, que los países en los que se han promovido paradigmas basados en la liberalización y la flexibilidad económica, las disposiciones de las instituciones públicas no suponen un obstáculo lo suficientemente grande como para alimentar un “mercado negro” de grandes dimensiones.

Otro dato que también debemos tener en cuenta nos recuerda que, desde hace décadas, el peso del “mercado negro” no ha parado de crecer en todas las economías desarrolladas. Los estudios de Robert Schneider, la mayor eminencia en este campo, subrayan que, del año 1970 al año 2000, el peso de la economía informal en la OCDE se duplicó, pasando de una media del 10% al 20% del PIB. En Estados Unidos, por ejemplo, la evolución fue del 4% al 9% del PIB. Así, podemos estimar que en Europa hay más de cuarenta millones de personas que se ganan todo o parte de su sueldo en la economía informal.

Estamos cansados de leer estudios que indican que las viejas economías desarrolladas son cada vez menos flexibles y dinámicas, por lo que esta tendencia no debería sorprendernos. En España no faltan informes que nos recuerden esta problemática. Nuestro atrofiado mercado laboral ha sido ampliamente descalificado, al igual que ocurre con nuestro sistema impositivo, nuestras normativas económicas o nuestras exigencias para la creación de empresas. No obstante, nadie parece asumir que estos fallos del Estado alimentan la economía informal, y sin comprender este punto es imposible conseguir una solución satisfactoria.

Consideremos ahora otros asuntos poco discutidos de la cuestión del “mercado negro”. Hablo, por ejemplo, del importante volumen de dinero que mueven la prostitución o las drogas. ¿Estamos dispuestos a “legalizar” estas actividades? La respuesta podrá ser positiva o negativa, y no es objeto de este texto analizar dichas cuestiones, pero es innegable que dejar dichos ámbitos fuera del paradigma legal redundará necesariamente en un mayor volumen de informalidad.

Algo parecido ocurre con las liberalizaciones profesionales que podrían ser necesarias para acoger a parte de los trabajadores informales en la economía “oficial”. El presente debate sobre la conveniencia de liberalizar el sector del taxi es solamente uno de los muchos ejemplos que se plantearán si decidimos eliminar las restricciones al trabajo que empujan a miles de personas a la economía informal. ¿Estamos dispuestos a aprobar una liberalización generalizada de estos sectores? De nuevo, podremos decir que sí o que no, pero la segunda opción implicará siempre un mayor peso del “mercado negro”.

Por último, como ya comentaba el primer artículo de esta serie, debemos tener en cuenta que, a mayor percepción de ineficiencia en la gestión del gasto público, menor grado de cumplimiento con las normativas y regulaciones existentes. Así, un Estado más pequeño, menos ineficiente y menos intervencionista puede hacer mucho para reducir el fraude fiscal y convertir en “oficial” la economía informal.



Diego Sánchez de la Cruz es periodista especializado en Economía y Relaciones Internacionales y miembro del Instituto Juan de Mariana. Completó su licenciatura en la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) y la Universidad de San Diego (EEUU), y es Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa (IE). También ha completado estudios de Postgrado en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y la George Washington University. Las opiniones reflejadas en este blog son personales.




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