Liberalismo y Relaciones Internacionales

Archivos mensuales de julio, 2012

“El punto de vista de que el papel del Estado consiste en servir de árbitro para impedir que los individuos luchen entre sí fue reemplazado por la concepción del Estado como padre que tiene el deber de obligar a unos a ayudar a otros (…). En nombre de la seguridad y de la igualdad, el Estado se ha entregado a la tarea de quitar a algunos para dar a otros (…). Somos todavía libres como pueblo para escoger si deseamos continuar hacia el “camino de servidumbre, tal como Friedrich Hayek tituló su profundo e influyente libro, o si por el contrario deseamos reducir los límites de la actuación gubernamental y confiar en mayor medida en la cooperación voluntaria entre individuos libres para alcanzar nuestros objetivos”

Se cumplen 100 años del nacimiento de Milton Friedman, y buena parte de sus reflexiones y enseñanzas están de plena actualidad. Los párrafos anteriores, incluidos en su célebre “Libertad de Elegir”, recuerdan que no hay asunto más crucial para el impulso de una sociedad abierta que la limitación del poder estatal y la amplificación de las libertades económicas y personales.

No todas las batallas intelectuales que libró Friedman avanzaron siempre en la dirección que pretendía. Notorias son, por ejemplo, las discrepancias entre la Escuela Austriaca y la Escuela de Chicago a la hora de hablar de política monetaria. Eso sí, a Friedman se le deben tantos avances en la lucha por la libertad que merece un recuerdo especial en esta fecha tan señalada.

Buena parte de sus recomendaciones han sido fundamentales para derrumbar los más altos muros del intervencionismo político, social y económico. Siempre crítico y exigente, advirtió que “uno de los más grandes errores es juzgar políticas por sus intenciones en lugar de por sus resultados”. Sobre este punto, alertó que “nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno” y explicó que “la solución gubernamental a un problema es normalmente tan mala como el mismo problema”. En palabras de Gabriel Calzada, “uno de los mayores aportes de la escuela de Chicago es advertirnos de los peligros de la regulación”.

Reflexionando sobre los discursos igualitarios de los enemigos del liberalismo, Milton Friedman fue tajante: “una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas”.

Criticando la arbitrariedad política, censuró el “salario mínimo” por sus fatídicas consecuencias para la creación de empleo. Recordó a quienes tanto critican la economía sumergida que “el intercambio voluntario clandestino puede evitar el hundimiento de una economía que funciona a base de órdenes”. Sus críticas a la “guerra contra las drogas” levantaron ampollas, pero el paso de los años ha confirmado que muchas de sus apreciaciones no iban mal encaminadas. Y, por supuesto, su defensa del cheque educativo ha terminado dando sus frutos: hasta los socialdemócratas suecos han aceptando dicho modelo.

Aunque se le haya intentado caricaturizar como un filósofo cercano al poder empresarial, Friedman subrayó a menudo que, “junto con los intelectuales, los hombres de negocio son los principales enemigos de la sociedad libre (…). Todo empresario está a favor de la libertad de todos los demás… pero cuando se trata de él, la cuestión cambia. Él es siempre un caso especial”.

Un punto muy interesante y provocador de su obra lo tenemos en su ácida reflexión sobre el despilfarro de dinero público a cargo del poder político:

“Mucha gente se queja del despilfarro público, pero yo lo doy por bueno, por dos razones. En primer lugar la eficiencia no es nada deseable si alguien está haciendo algo malo. El Gobierno hace cosas que no queremos que haga, de modo que cuando más dinero despilfarre, mejor. En segundo lugar, el despilfarro lleva a los hogares de la gente el hecho de que el Gobierno no es un instrumento eficiente y efectivo para conseguir sus objetivos. Una de mis esperanzas es la desilusión creciente con la idea de que el Gobierno es ese hermano mayor siempre sabio, todopoderoso, que puede resolver cualquier problema que salte en el camino”

Muchas de estas lecciones son fundamentales para salir con éxito de la actual crisis económica. Friedman siempre criticó que “tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo para subsidiar el no trabajar”. Por eso, “bajar los impuestos por cualquier excusa y por cualquier razón” debería ser el primer paso hacia un paradigma más próspero y justo, cercano a los principios de la libertad y alejado de las tentaciones del populismo igualitario y el intervencionismo cerril que nos han llevado a esta recesión.

Se llama POLÍTICA monetaria, no MERCADO monetario. Interioricemos eso de una vez y dejemos de caer en la trampa de quienes insisten en que los bancos centrales son la cumbre del laissez-faire. En palabras del Profesor Huerta de Soto, hablamos de uno de los últimos ejemplos de planificación económica a gran escala.

Aclarado este punto, entremos en materia: llevamos meses escuchando que el Banco Central Europeo es el culpable de deuda pública que atraviesa España. Numerosos miembros del Ejecutivo, incluyendo al propio Presidente, han encontrado en el BCE al nuevo culpable de la crisis. Según el relato, España ya no puede hacer mucho más para reducir su déficit público, por lo que Mario Draghi debe imprimir dinero a mansalva para salvarnos del colapso definitivo.

El problema de este discurso es que el BCE no ha estado, ni mucho menos, de brazos cruzados. Nada más lejos de la realidad: como recuerda Daniel Lacalle, el Banco Central Europeo ha prestado más de 288.000 millones a nuestros bancos y ha bajado los tipos de interés al 0,75%. Si queremos que el BCE haga “más” es que no hemos entendido nada…

En realidad, aunque este tipo de operaciones no deberían ser parte de su actividad rutinaria, el BCE empezó a comprar deuda pública periférica en mayo de 2010 a través de su Programa para Mercados de Valores (PMV). Entonces, la prima de riesgo española estaba entre los 100 y los 150 puntos básicos. Las operaciones se prolongaron hasta abril de 2011, pero por aquel entonces el diferencial del bono español frente al alemán ya tocaba los 225 puntos básicos.

La situación económica en España siguió sin mejorar, y de nuevo el Banco Central Europeo activó la manivela e inyectó miles de millones de euros a nuestra economía por la puerta de atrás. Así, desde agosto de 2011 hasta enero de 2011, el BCE intentó enjuagar el coste de la deuda pública española reactivando el PMV. Al final del esfuerzo, el resultado fue el mismo que antes: la prima ya estaba por encima de los 325 puntos básicos.

Esta semana, las palabras de Mario Draghi insinuaron que este tipo de operaciones podría volver a repetirse, pero los párrafos anteriores demuestran que la deuda pública española seguirá disparándose pese a este tipo de improvisaciones. En el mejor de los casos, los trucos de magia del BCE aplazan el sufrimiento pero no curan la herida. Como decía en Twitter la analista financiera María Muñoz, Draghi ha dado Lexatin a los especuladores, pero el problema de fondo seguirá ahí.

Se trata, por lo tanto, de mecanismos cortoplacistas que distorsionan el sistema de precios para mantener Estados despilfarradores, insostenibles y profundamente intervencionistas . No podía ser de otro modo: por eso hablamos de POLÍTICA monetaria y no de MERCADO monetario…

Los siguientes párrafos pertenecen al discurso que pronunció el congresista texano Ron Paul ante el Consejo de Supervisión para la Estabilidad Financiera. La comparecencia se produjo el día 25 de julio, y estuvo presidida por el director de dicha entidad Tim Geithner, más conocido por su responsabilidad como Secretario del Tesoro de EEUU. La versión íntegra del discurso está disponible aquí. Cabe señalar que, también en la sesión parlamentaria del día 25 de julio, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó por amplia mayoría una propuesta legislativa de Ron Paul para auditar por completo a la Reserva Federal.

“La creación del Consejo de Supervisión para la Estabilidad Financiera muestra la total y absoluta bancarrota intelectual del comportamiento gubernamental hacia los mercados financieros. Según nuestros líderes, la crisis financiero no fue causada por malas regulaciones, manipulaciones de los tipos de interés o distorsiones inducidas por el gobierno en las estructuras de producción, sino por un sector financiero completamente desregulado y laissez-faire. La respuesta de los legisladores ha sido, en consecuencia, crear un nuevo super-regulador con amplios poderes para controlar el sistema financiero”

“Quienes creen que el sector financiero está realmente desregulado quizá deberían probar su hipótesis intentando crear su propio banco sin la aprobación del gobierno… aunque eso supone estar dispuesto a pasar algún tiempo en una prisión federal, claro”

“Decir que el sector financiero está desregulado no puede estar más lejos de la verdad. Ningún otro sector de la economía está tan interrelacionado con los gobiernos como la industria financiera”

“Las empresas del sector, especialmente las pequeñas, sufren costosas e interminables regulaciones que, además, crean barreras de entrada al mercado y disminuyen la competencia. La regulación excesiva asegura que solamente las firmas financieras con aprobación gubernamental puedan existir. Esas empresas que consiguen superar todas las trabas que se les imponen se encontrarán igualmente en una desventaja competitiva frente a las compañías ya establecidas, ya que las segundas conocen mucho mejor la maraña regulatoria en la que unas y otras se tendrán que mover”

“Pero también hay intervencionismo gubernamental en este sector del que se beneficia la industria. Las empresas financieras, especialmente las grandes, se benefician de rescates con dinero público, que es el primer uso que se le da al dinero que imprime la Reserva Federal para garantizar un monopolio bancario regulado y apoyado por los gobiernos”

“Las grandes empresas financieras están mejor capacitadas para cumplir con los requisitos regulatorios, y también tienen más probabilidades de ser rescatadas dentro de la lógica del “too big to fail”. El riesgo moral que esto supone es obvio, pero los gobiernos continúan subsidiando a estas enormes y mal gestionadas empresas financieras en detrimento de los inversores, el sistema financiero y la economía en general”

“La misma existencia de reguladores financieros crea un enorme riesgo moral, ya que sus normativas aportan un señuelo de aparente seguridad y orden que mueve a las personas a confiar sus inversiones en un proceso mucho más arriesgado de lo que parece. Esto daña el proceso de toma de decisiones de los inversores, desviando dinero a actividades improductivas y empobreciendo al ciudadano de a pie”

“Y pese a todo ello, la mayoría de los congresistas sigue pensando que, a más regulación gubernamental, mejor le irá al sistema financiero y antes saldrá Estados Unidos de la crisis económico. Esta fue la doctrina que inspiró la Ley Dodd-Frank o la creación de burocracias como el Consejo de Supervisión para la Estabilidad Financiera”

“Los reguladores no vieron que venía la crisis y tampoco supieron frenarla, pero la solución de Washington es pasar leyes aún más intervencionistas, incrementar el presupuesto de los reguladores y crear nuevas agencias, comisiones y consejos. La visión del gobierno federal es la siguiente: si un regulador falla, se le da más poder; si una ley no previene una crisis o un escándalo, se aprueban más leyes aún… y nunca, nunca se plantea nadie si es correcto pensar que expandir el poder del Estado una y otra vez siempre es la solución correcta”

“Lo que debe hacer el gobierno es dejar de interferir en el mercado, eliminar las restricciones a la competencia en el sector financiero y dejar atrás las restricciones que impiden a los individuos hacer lo que quieran con su dinero. Necesitamos regulación vía mercado, es decir, que los consumidores y no el gobierno elijan quién gana y quién pierde. Las firmas con beneficios prosperarán cuando dejen de ser ahogadas por el gobierno, y las empresas con pérdidas se quedarán sin rescates y podrán incluso verse abocadas a la cierre. El gobierno, empeñado en revertir los procesos del mercado, nos metió en la crisis financiera y está prolongando la recesión. Por eso, para conseguir la recuperación, lo que debe legalizar el Ejecutivo es la libertad de mercado”

Hace algunos días, la agencia de noticias Europa Press difundió entre los medios de comunicación españoles una nota que, haciéndose eco de un informe de la Tax Justice Network, afirmaba que hay “más de 26 billones de euros “ocultos” en paraísos fiscales”. Numerosos medios de comunicación mordieron el anzuelo y publicaron la información sin más, alcanzando una notable repercusión en redes sociales como Twitter.

Por desgracia, el texto publicado dista mucho de ser fiable, aunque ningún medio de comunicación de nuestro país así lo haya subrayado. El estudio de TJN asume que la práctica totalidad del dinero depositado en dichas jurisdicciones ha llegado vía  “evasión fiscal”, de ahí la naturaleza desorbitante de las cifras mencionadas. Sin embargo, asumir esta interpretación obvia un “pequeño detalle”: enviar dinero a dichas demarcaciones es perfectamente legal una vez se ha cumplido con el fisco a nivel doméstico. Así, quienes autorizan este tipo de operaciones cumplen antes con una abultada maraña de imposiciones tributarias que gravan sus ahorros de forma especialmente elevada.

Una trampa demagógica muy similar a la de estas informaciones está siendo empleada en Estados Unidos para hundir la imagen del candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney. Los demócratas llevan semanas inmersos en una campaña de acoso y derribo contra el ex gobernador de Massachusetts, dibujado como un antipatriota por proteger parte de sus millonarios ahorros en jurisdicciones como las Islas Caimán. De nuevo, no hay ni un ápice de ilegalidad en dichas operaciones. Importantísimas figuras del Partido Demócrata como John Kerry o Bill Clinton se han beneficiado de operaciones financieras similares,  al igual que muchos de los más acaudalados donantes de la campaña a la reelección de Barack Obama.  Sin embargo, parece que este asunto solamente cobra relevancia informativa cuando hablamos de un capitalista malvado como Romney…

Lamentablemente, quienes promueven todo tipo de persecuciones contra los “paraísos fiscales” no parecen ser conscientes de que, gracias a la competencia tributaria internacional, este tipo de jurisdicciones actúa como un límite a las subidas de impuestos que pueden aprobar países en los que el Estado tiene un papel mucho mayor en la economía. Por esta razón, ni siquiera hace falta tener nuestros ahorros en dichas demarcaciones para beneficiarse del impacto internacional que tienen sus atractivos modelos tributarios.

Adicionalmente, es importante recordar que buena parte de la inversión internacional que llega a los países de la OCDE pasa antes por este tipo de demarcaciones fiscales. Hablamos, por lo tanto, de un mecanismo fundamental para canalizar flujos de capitales que generan inversión y prosperidad en nuestros países.

Por último, conviene subrayar que el propio término empleado para hablar de estos departamentos es una traducción incorrecta. Así, aunque en nuestro idioma hablemos de “paraísos fiscales”, el término original (“tax haven”) se traduce literalmente como “refugios fiscales”. Sin embargo, esta confusión interesada no deja de tener gracia: al fin y al cabo, quienes se empeñan en hablar de “paraísos fiscales” reconocen implícitamente que lo que ellos proponen son “infiernos fiscales”.

Consulten mi trilogía de artículos “En defensa de los paraísos fiscales” haciendo click aquí, aquí y aquí.

La última encuesta de Sigma Dos que publica el diario El Mundo permite extraer importantes conclusiones sobre el “clima de opinión” económico que vive España:

- Cerca del 82% de los encuestados cree que el gobierno ha incumplido su programa electoral.
- Casi un 60% cree que el sector público está asumiendo gran parte de los ajustes, lo cual no quita que 55 de cada 100 encuestados pida más recortes en el gasto público.
- En línea con el punto anterior, el 61% afirma que el Ejecutivo “tendría que hacer más” a la hora de “adelgazar la Administración Pública”. Este porcentaje es casi idéntico al 61% registrado en la encuesta que realizó Sigma Dos en enero.
- El 66% opina que las CCAAs “no están haciendo lo suficiente para adelgazar” sus estructuras.
- Cerca del 85% apoya una reducción de los parlamentos regionales.
- Un 54% pide la eliminación de las televisiones públicas autonómicas.
- Alrededor del 90% está de acuerdo con recortar un 30% el número de concejales, y apoyaría medidas similares a nivel nacional y autonómico.
- Un 86% considera “excesiva” la subida del IVA.
- Más del 65% opina que el gobierno no acertó subiendo el IRPF.

Echando la vista atrás y tomando el cuestionario de Sigma Dos publicado por El Mundo a comienzos de 2012, también encontramos valoraciones interesantes:

- El 80% de los españoles apoya el establecimiento de “techos de gasto” a nivel nacional y regional.
- Un 90% pide “responsabilidades civiles o penales” para los políticos que incumplan gravemente los objetivos presupuestarios.
- Más del 60% exige más ajustes en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y la patronal.

Cambiando de tercio, y basándonos ahora en las encuestas que ha elaborado Metroscopia para El País, podemos ver que la tendencia identificada por Sigma Dos se asemeja mucho a la que identifica la encuestadora del diario de PRISA:

- El 54% prefiere “nuevas medidas de reducción del gasto público” en vez de aumentos de la presión fiscal.
- El 83% critica la subida del IVA y la considera el peor de los “ajustes” anunciados por el gobierno.
- El 90% de los encuestados aprueba la reducción del 30% en el número de concejales.
- Ocho de cada diez españoles se posiciona a favor de limitar más los subsidios a partidos políticos, sindicatos y patronal.

Los datos coinciden con los que Metroscopia registraba hace un semestre:

- El 60% de los españoles está en contra de la subida del IRPF y del IBI.
- Casi el 90% apoya el recorte a las subvenciones que reciben partidos políticos, sindicatos y patronal.
- Un 60% da su aprobado a la reducción presupuestaria de 9.000 millones anunciada en el primer Consejo de Ministros de la presente legislatura.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, sería razonable pensar que la crisis ha servido para poner de manifiesto el excesivo peso del Estado español en la economía nacional. El principal problema para trasladar ese sentimiento a los presupuestos es que esos “recortes” que reclama la sociedad española apuntan a capítulos de gasto cuyo peso total es limitado. Hablamos, por lo tanto, de ajustes que evidentemente son bienvenidos, pero que no cambiarían el saldo presupuestario de forma importante.

Sería un error pensar que la era del populismo del bienestar está llegando a su fin. Ese sistema está tocado, pero no hundido. Y si algo aprendimos del siglo pasado es que nunca deberíamos subestimar la capacidad del Estado para aumentar su poder de forma progresiva y sistemática. Por eso, no nos equivoquemos: la batalla de las ideas continúa, y las encuestas no pueden distraernos.

Todo empieza con la idea de que el Estado debe cuidarnos de la cuna a la tumba. Ahí empezamos a perder nuestra capacidad para salir adelante a base de imaginación y esfuerzo. Chapoteamos entonces en la sopa boba, condenados a buscar prosperidad en el BOE en vez de en el mercado.

El paternalismo estatal alimenta el infantilismo social, y su consecuencia acabará siendo el empobrecimiento generalizado. Alimentamos mientras podemos la ficción de que podemos vivir a costa de los demás. Asumimos que la prosperidad es infinita y que tenemos derecho a disfrutarla sin trabajar por ello.  Abrazamos cualquier discurso que culpe a otros de nuestros problemas. Todo vale, con tal de que la fiesta siga.

Pero un día se apagan las luces. Toca bajar a la tierra, hacer autocrítica, corregir excesos y rectificar errores. Pero el niño malcriado no está por la labor. Quiere que Papá Estado le de más, pero Papá Estado está quebrado precisamente por los excesos que tanto le gustaban a ese niño.

Él nunca analizará los datos. Eso muy frío. Lo que importa es la “dignidad”, la “justicia”. Todo lo demás nace de mentes malvadas. Por eso, no tardará en leerse un panfleto de treinta páginas que refuerce sus más bajas pasiones para, acto seguido, salir a la calle a pegar cuatro gritos. Solamente un facha o un salvaje explotador puede oponerse a sus propuestas. ¡Él es el 99%! ¡Él es el pueblo, coño!

Ya se cree todo un revolucionario. Seducido por los cantos de sirena del rencor y de la envidia, pedirá que otros paguen el pato y paguen más impuestos “por solidaridad”. Tienen que financiarle la fiesta, tienen que solucionarle la vida. Ni hablar de renunciar a Papá Estado. Y si para mantener esa ficción hay que endeudarse más, pues habrá que endeudarse más. Lo que sea, menos decir adiós a su irrenunciable derecho a vivir a costa de los demás.

“El año pasado, los ingresos tributarios en España representaron el 35% del PIB. Ajustar el gasto público hasta alcanzar ese nivel serviría para eliminar el déficit presupuestario, pero el marco tributario seguiría siendo poco atractivo. Por eso, a la hora de afrontar reformas estructurales que adelanten la recuperación económica, vale la pena poner encima de la mesa la necesidad de adoptar un nuevo marco tributario basado en la sencillez y la transparencia. Notorios casos de éxito en este sentido son el código tributario de Hong Kong, que ocupa menos de 200 folios, o las reformas impositivas aprobadas durante la década pasada en Georgia”

El párrafo anterior forma parte de una tribuna que he firmado este mes para Actibva, el portal de finanzas de BBVA. Pueden consultarla íntegramente haciendo click aquí. El objetivo del texto es plantear la posibilidad de dinamizar la economía española a partir de una profunda reforma tributaria inspirada en los modelos del “flat tax” que tanto éxito están teniendo en otros países europeos.

Asumir esta reforma conseguiría suprimir buena parte de las figuras fiscales vigentes y simplificaría la estructura de los principales impuestos restantes, eliminando deducciones y exenciones e institucionalizando los tipos efectivos de recaudación. Inicialmente, la reforma sería neutral desde el punto de vista de los ingresos que obtendría el Estado, de acuerdo con el 35% del PIB recogido por el fisco en 2011. Sin embargo, estaríamos ante el primer paso para aprobar sucesivas rebajas apoyadas en el efecto “lafferiano” que provocaría este nuevo ordenamiento.

Conozcan la propuesta con detalle haciendo click aquí.

“El 2% del PIB, más de 20.000 millones de euros, es el impacto que los técnicos de Hacienda y los responsables de las organizaciones de autónomos estiman que tendrán las subidas fiscales aprobadas por el Gobierno en el aumento de la economía sumergida”

El párrafo anterior, publicado por el diario El Economista, confirma que la nueva subida de impuestos anunciada por el gobierno de España expulsará de la economía formal un volumen de actividad equivalente a un tercio del ajuste presupuestario pretendido. No hablamos de un fenómeno sorprendente: hace dos años, sin ir más lejos, la subida del IVA tuvo un impacto muy similar al que ahora se anticipa.

La “economía sumergida” salva a millones de españoles de la miseria, pero también genera distorsiones significativas. Si no interiorizamos esta dicotomía, nuestra visión sobre esta espinosa cuestión será incompleta y parcial. Por eso, a la hora de buscar soluciones, es importante entender que esta situación precisa de respuestas integrales, que vayan a la raíz del problema.

Numerosos estudios internacionales sobre esta cuestión confirman que las obligaciones tributarias son la variable más importante a la hora de determinar la profundidad de la economía sumergida. Fijémonos, por ejemplo, en las conclusiones de un informe elaborado por Friedrich Schneider, una eminencia en este campo, y su colaborador Dominik Enste:

El estudio de los datos macroeconómicos y microeconómicos de numerosos países sugiere que las fuerzas más importantes para determinar el tamaño y el crecimiento de la “economía informal” son los mayores gravámenes tributarios (…). Cuanto mayor es la diferencia entre el coste total del trabajo en la “economía oficial” y los ingresos que se reciben después de impuestos, mayor será el incentivo para que empleadores y empleados esquiven dicho desfase participando en la “economía informal”

Buena parte de los informes sobre esta cuestión apuntan también que, además de la presión fiscal, debemos tener en cuenta otra variable muy influyente: la calidad de las regulaciones laborales a la hora de incentivar que las actividades económicas se desarrollen por el cauce oficial… o no.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no debería sorprendernos que aquellos países en los que el grado de libertad económica es más pronunciado registran menores niveles de economía informal. Lo vemos en Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo… cuyas economías incorporan un porcentaje de economía sumergida especialmente bajo. Los números también son inferiores a los nuestros en las economías escandinavas, cuyos insostenibles Estados del Bienestar están siendo reformados desde hace décadas para incorporar grandes dosis de libertad y flexibilidad económica.

Otro punto que debemos tener en cuenta nos llega desde Italia, país que se asemeja al nuestro en lo relativo al peso de la economía informal en el PIB. Allí, el Banco Central Italiano ha subrayado en sus publicaciones que cuanto mayor es la percepción de ineficiencia en la gestión del gasto público, menor es el grado de cumplimiento Esta lección es muy importante para un país como España, donde existe una amplia percepción de que el manejo de los presupuestos estatales es mejorable.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué podemos hacer para que el peso de la economía informal en la economía de nuestro país sea inferior?

  1. En primer lugar, sería recomendable asumir una simplificación profunda de nuestro sistema tributario. Esta actuación, inspirada en los modelos del “flat tax”, permitiría reducir trabas burocráticas y adoptar un marco fiscal más amable.
  2. En segundo lugar, la adopción de una profundísima agenda de liberalizaciones sería imprescindible. Si la sociedad demanda la prestación de una actividad económica, las reglas o normas que la prohíban o limiten no conseguirán erradicarla, sino condenarla a la informalidad. Por eso, la eliminación de dichas barreras permitiría que importantes segmentos de la economía sumergida salgan a la superficie.
  3. En tercer lugar, necesitaríamos abordar una reforma laboral basada en la flexibilidad y los acuerdos voluntarios entre empleador y empleado. Esto permitiría incorporar a la economía formal a numerosas empresas y trabajadores que jamás lo harán dentro del paradigma vigente. Mientras salarios y contratos estén marcados por decisiones políticas, la economía seguirá creando válvulas de escape alternativas.

Las tres medidas expuestas suponen una ruptura con la respuesta habitual a este reto. Es habitual escuchar argumentos a favor de otorgarle un más poderes al fisco para solucionar esta cuestión. El problema de ese planteamiento es que, si bien podría detectar correctamente quienes son los componentes de la economía no oficial, no conseguiría incorporarles con éxito a la economía formal.

Por eso, antes que abogar por estas soluciones miopes, es fundamental entender las señales que nos manda el auge de la economía sumergida en España. Y esas señales nos dicen que pagamos demasiados impuestos, mantenemos excesivas rigideces normativas e intervenimos sobremanera el mercado laboral.

Este asunto ha sido tratado con gran acierto por mi compañero de bitácora Ángel Martín Oro. En “Que no nos cuenten milongas sobre la economía sumergida” (Parte 1 y Parte 2) trató el tema con acierto y solvencia. Igualmente recomendable es este informe de Libre Mercado sobre pobreza y economía informal en España.

En España hay 20,000 licencias de explotación de farmacias, una cifra tan reducida que apenas uno de cada tres farmacéuticos de nuestro país puede ejercer la profesión para la que se han formado. Se trata, pues, de un modelo radicalmente opuesto a la competencia y al mercado, al calor de la legislación aprobada en los primeros años de la dictadura franquista.

El decreto en cuestión, aprobado en enero de 1941, liquidó un modelo caracterizado por la libre concurrencia. Quedaba así instaurada una altísima limitación de la competencia que sería justificada por los legisladores franquistas en aras de la “elevación moral de los profesionales farmacéuticos”.

Aquel paradigma sobrevive hoy sin apenas modificaciones. Las normativas aprobadas en 1978 son el mejor ejemplo. La excepción la encontramos en la Comunidad Foral de Navarra, aplaudida de forma recurrente como una de las regiones más libres en el ámbito económico. Navarra tiene un modelo propio que, en la práctica, resulta mucho menos restrictivo que el del resto de España. El proceso se limita a presentar el título de farmacéutico, cumplir una serie de requisitos y “respetar el acceso universal a medicamentos”.

Puede que el modelo navarro no sea perfecto, pero en el resto del país, los licenciados lo tienen mucho más complicado para abrir una botica. Debido a las restricciones creadas en el sector, hay pocos puestos de trabajo y los sueldos son mejorables. Acceder a la propiedad de un negocio farmacéutico está casi limitado a dos complejas vías: heredando la botica o pagando cantidades prohibitivas para conseguir un traspaso.

¿Podemos contemplar una alternativa, siguiendo el ejemplo navarro? Lo cierto es que muchos países de nuestro entorno se mueven en esa dirección. En Italia ya se ha optado por flexibilizar la apertura de farmacias como respuesta a las excesivas rigideces del sector. Por su parte, otros países europeos, como Suecia, Alemania o Gran Bretaña, la liberalización es mayor aún. Por delante quedarían otros retos importantes para conseguir una liberalización efectiva del sector. Las restricciones a la publicidad, la fijación de precios, la prohibición del uso de determinados fármacos… son otras asignaturas pendientes.

Entre los años 2002 y 2007, los ingresos públicos crecieron a un ritmo imparable del 53%. Esta situación alimentó la gran burbuja de un Estado del Bienestar capaz de multiplicar el gasto público año tras año sin limitación aparente. Evidentemente, este grave desajuste no se habría producido sin la confluencia de dos grandes factores: la política de dinero barato del BCE y la multiplicación del crédito a la construcción otorgado en gran parte por las cajas de ahorro. En ambos casos, el dirigismo político estaba al servicio de un “rally” alcista que consiguió inflar el crecimiento económico español y, con ello, alimentar la ficción de un Estado cada vez más gastador.

Cuando este esquema atrofiado se derrumbó en 2008, los políticos españoles actuaron como si todo siguiese funcionando perfectamente. En vez de asumir que la fiesta se había acabado y que llegaba el momento de replegar el gasto público, los gobernantes de nuestro país prefirieron comportarse como si aquel espectacular crecimiento de los ingresos fuese permanente. Así se consumó un desajuste presupuestario escandaloso que, pese a las promesas de “austeridad”, jamás llegó a ser replegado.

En 2009, el Estado ingresó cerca de 370.000 millones de euros y gastó 485.000 millones, es decir, un 32% más de lo que había recibido. Un año después, los ingresos fueron de 381.000 millones de euros mientras que los gastos alcanzaron los 480.000 millones, desfase presupuestario equivalente a un 26%. La cosa tampoco fue mucho mejor en 2011, ya que el año pasado las arcas del Estado recibieron 377.000 millones pero el gasto público ascendió hasta los 470.000 millones, firmando un desajuste fiscal del 24%.

Desde 2004 a 2010, el gasto público en España saltó del 38% al 46% del PIB. Las plantillas de empleados públicos no pararon de engordar. El número de empresas creadas por las Administraciones se multiplicó de forma espectacular. Y años después, la mala noticia es que los sucesivos “paquetes de austeridad” que se han aprobado para atajar esta deriva han consistido en recortes cosméticos del gasto unidos a aumentos agresivos de la presión fiscal. Así, los sufridos contribuyentes españoles han acabado soportando uno de los marcos fiscales más elevados de Europa, mientras el ajuste presupuestario que necesita acometer el Estado ha seguido retrasándose a base de medidas incoherentes con un alcance limitado.

Ha llegado la hora de hacer del realismo el eje de actuación política. El primer paso sería ajustar el gasto público a los ingresos tributarios, que en 2011 supusieron el 35% del PIB. Partiendo desde una posición de equilibrio fiscal podríamos empezar a olvidarnos de la crisis de deuda pública y así profundizar en las urgentes reformas que necesita España. Por tanto, es hora de olvidar los cantos de sirena de quienes aún creen que los “planes de estímulo” tienen algo que aportar. La crisis de deuda de un Estado obeso no la deben pagar ni las familias ni las empresas. El gran ajuste que debe acompañar a las reformas debe hacerse a base de reducir el gasto público. Hay que acabar con este despilfarro, y hay que hacerlo ya.



Diego Sánchez de la Cruz es periodista especializado en Economía y Relaciones Internacionales y miembro del Instituto Juan de Mariana. Completó su licenciatura en la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) y la Universidad de San Diego (EEUU), y es Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa (IE). También ha completado estudios de Postgrado en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y la George Washington University. Las opiniones reflejadas en este blog son personales.




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